En un hecho bastante singular, veintiseis trabajadores que fueron contratados por la Clínica Vidacoop Alta Complejidad, fueron despedidos pero a través de otra razón social, diferente a la cual ellos se encontraban vinculados.

“Nosotros fuimos contratados por Vidacoop, firmamos los contratos en Vidacoop y trabajábamos para Vidacoop y ahora nos dicen que Vidacoop no tiene nada que ver con nosotros y por eso no nos van a pagar”, manifestó Jesús María Utria Villamil, uno de los trabajadores.

Estas personas se encontraban vinculadas a Vidacoop en medio de la coyuntura de que esa clínica fuese vendida por la sociedad Central de Urgencias Cervantes Salud S.A. “Los directivos siempre nos dijeron que seguíamos trabajando para Vidacoop, que Vidacoop nos iba a seguir pagando”, agregó, para recalcar que los pagos se fueron retrasando a partir del 15 de febrero de este año incluso los relacionados con la seguridad social.

“Nos dilataron los pagos y hasta nos hicieron abrir dos cuentas: primero en Colpatria, pero después tuvimos que abrir otra en el Banco de Bogotá porque les habían embargado las cuentas en Colpatria. Ambas cuentas las tenemos activas”, indicó.

“Nos ofrecieron un pago que nunca cumplieron y nos dijeron que el viernes (ayer) nos iban a pagar. Nos dijeron que a las 4 de la tarde, luego que a las 5 y finalmente a las 6 de la tarde nos dijeron que no nos iban a pagar, que nos fuéramos hasta las últimas consecuencia. Tampoco dieron la cara y lo que hicieron fue echarnos a la Policía”, manifestó.

Lo que más los tiene indignados es que una bolsa de empleo denominada Empresa de Servicios Temporales Laborando S.A.S. (Empolabor), a través de la Coordinadora de Recursos Humanos, María Claudia Miranda Padilla, es la que les notifica la terminación del contrato “en la empresa cliente Central de Urgencias Cervantes Salud S.A.S.”, cuando “todas las cosas las hacíamos en y para Vidacoop”.

Con anterioridad, recordó, con esa bolsa de empleo se registraron serios problemas, ante lo cual quedaron cobijados por cuentas de prestación de servicios.

Sin embargo, las cuentas por estos conceptos, por valor de 11 millones 325 mil 871 pesos, tampoco han sido pagadas.

Para demostrar que fueron contratados y estaban vinculados a Vidacoop requirieron los respectivos, “los cuales tampoco nos los quieren entregar”.

En esta crítica situación se encuentran camilleros, médicos, enfermeras, auxiliares, regentes de farmacia, servicios generales y hasta una Fisioterapeuta.

“Nosotros somos padres de familia y lo que estamos reclamando son nuestros derechos porque finalmente los más perjudicados son nuestros hijos. Están jugando con la vida de uno y de nuestros hijos y no nos dan la cara”, advirtió.

Finalmente, pidieron la intervención de las autoridades para verificar la documentación de un grupo de empleados vinculados a Vidacoop, con el propósito de confirmar su autenticidad profesional y nacionalidad de esas personas.